Convivir mientras se sana: la convivencia supervisada no puede esperar a la terapia

En controversias de guarda y custodia, divorcio o régimen de convivencias es frecuente que la autoridad ordene terapias psicológicas a las partes y a las hijas e hijos. La medida es valiosa: el conflicto parental suele dejar huellas emocionales que requieren atención especializada. El problema surge cuando la resolución establece que la convivencia —aun la supervisada— sólo se decretará o reanudará cuando se acredite el avance o la conclusión de esas terapias.

En la práctica, las terapias dependen de la disponibilidad de instituciones públicas saturadas, de costos que no todas las familias pueden cubrir, de la colaboración del progenitor custodio y de informes periciales que tardan meses. Mientras tanto, el vínculo se debilita. El tiempo, que para la persona adulta es una espera, para la niña o el niño es una parte irrecuperable de su infancia.

La pregunta del ensayo es precisa: ¿es compatible con la Constitución y los tratados condicionar la convivencia supervisada al cumplimiento previo de terapias, en lugar de ordenarlas de manera conjunta? La respuesta que se sostiene es negativa, salvo que exista una motivación reforzada basada en un riesgo concreto y acreditado.

El artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior. El titular del derecho es la persona menor de edad; el progenitor no custodio es un sujeto vinculado, pero no el centro de la protección.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reitera esta regla en su artículo 23: quienes tienen familiares separados tienen derecho a convivir y mantener contacto directo con ellos de modo regular, excepto cuando el órgano jurisdiccional determine que ello es contrario a su interés superior. La excepción exige una determinación expresa; no se presume.

De ahí se desprende una consecuencia lógica: la regla es la convivencia y la restricción es la excepción. Toda excepción debe ser fundada, motivada, necesaria y proporcional. Una resolución que invierte la regla —sin convivencia hasta demostrar lo contrario— altera la estructura del derecho.

El artículo 4º constitucional ordena que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se vele y cumpla con el principio del interés superior de la niñez. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño lo convierte en consideración primordial. El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General núm. 14, lo describe como un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento.

Como norma de procedimiento, el interés superior exige que la decisión explique cómo se evaluaron las posibles repercusiones positivas y negativas sobre la niña o el niño. Invocar la fórmula “en atención al interés superior” para suspender la convivencia, sin analizar el impacto de la separación prolongada, es motivación aparente.

Separar al niño de uno de sus progenitores también produce daño. Por eso, la autoridad no puede comparar únicamente el riesgo de convivir; debe comparar ese riesgo con el daño de no convivir. La omisión de este segundo término es el vicio central de la supeditación.

La terapia psicológica busca reparar, fortalecer o reconstruir la relación; la convivencia supervisada es precisamente el espacio donde esa relación se ejerce bajo protección. Si la primera se convierte en requisito de la segunda, se le priva al proceso terapéutico del vínculo que pretende sanar.

La supervisión existe para resolver la tensión entre protección y contacto: un tercero calificado observa, interviene y reporta. Su razón de ser es permitir la convivencia en contextos de duda o conflicto. Afirmar que la convivencia supervisada no procede hasta que concluya la terapia es negar la utilidad misma de la supervisión.

El modelo constitucionalmente adecuado es concurrente: se ordenan ambas medidas al mismo tiempo, los informes de supervisión y de terapia se retroalimentan y la autoridad ajusta periódicamente modalidad, frecuencia y duración de las convivencias con base en evidencia.

Los artículos 14 y 16 constitucionales exigen que todo acto de molestia exprese los preceptos aplicables y las razones particulares que lo justifican. En materia familiar, la Suprema Corte ha sostenido de manera reiterada que las decisiones que afectan a personas menores de edad requieren una motivación reforzada, por la intensidad de los derechos en juego.

Una resolución que supedita la convivencia debería explicar, cuando menos: qué riesgo concreto se pretende evitar; qué pruebas lo acreditan; por qué la supervisión no es suficiente para neutralizarlo; qué duración razonable tendrá la restricción; y qué mecanismo de revisión se prevé. La ausencia de cualquiera de estos elementos vuelve la medida arbitraria.

La sola existencia de conflicto entre progenitores, la oposición del custodio o la falta de informe terapéutico no son, por sí mismas, razones suficientes para impedir el contacto. Son datos que justifican, en todo caso, supervisión; no supresión.

Desde la reforma de 2011, el artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, interpretando las normas conforme a la Constitución y los tratados y favoreciendo la protección más amplia. Las personas juzgadoras familiares ejercen control difuso de convencionalidad ex officio.

Ese control no es una cita ornamental de tratados. Implica: identificar el derecho convencional involucrado (convivencia, protección de la familia, protección especial de la niñez, plazo razonable); determinar el estándar interamericano aplicable; interpretar la norma local conforme a él; y, si la interpretación conforme no es posible, inaplicar la regla o la práctica incompatible.

Cuando una resolución omite toda referencia a los artículos 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 17 y 19 de la Convención Americana, y no pondera el efecto del tiempo en la relación filial, incumple el deber de control. Esta omisión es controlable en apelación y, en su caso, mediante juicio de amparo.

En Fornerón e hija vs. Argentina (2012), la Corte Interamericana sostuvo que el mero transcurso del tiempo en procesos que involucran la relación entre un padre y su hija puede generar consecuencias irreversibles, y que estos asuntos exigen una diligencia excepcional. La demora judicial se tradujo en la pérdida práctica del vínculo, lo que comprometió la responsabilidad internacional del Estado.

En Atala Riffo y niñas vs. Chile (2012), la Corte señaló que la determinación del interés superior debe basarse en la evaluación de comportamientos parentales específicos y de su impacto real en el bienestar del niño, y no en especulaciones, presunciones o consideraciones generalizadas. Suspender la convivencia sin acreditar un daño concreto contradice este estándar.

Ambos precedentes conducen a una regla de razonamiento: en materia de vínculo familiar, el tiempo es un factor de decisión y el riesgo debe probarse. La supeditación automática de la convivencia a la terapia ignora las dos exigencias.

El artículo 17 constitucional garantiza justicia pronta y completa; el artículo 8.1 de la Convención Americana, que las personas sean oídas dentro de un plazo razonable. Para evaluar el plazo, la Corte Interamericana considera la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y la afectación generada en la situación jurídica de la persona.

En la convivencia filial el cuarto elemento es decisivo: cada mes sin contacto puede consolidar el distanciamiento, propiciar dinámicas de rechazo y volver más difícil la recuperación del vínculo. Una medida que hace depender la convivencia de terapias de duración indeterminada carece de plazo y, por ello, no puede considerarse razonable.

El artículo 17 de la Convención Americana reconoce a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a ser protegida por el Estado. El artículo 19 añade el derecho de todo niño a las medidas de protección que su condición requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

La protección especial obliga al Estado a actuar positivamente para preservar el vínculo cuando ello sea posible, no a abstenerse hasta que las condiciones sean ideales. La convivencia supervisada es la medida de protección que permite preservar el vínculo sin desatender la seguridad.

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza que la niña o el niño exprese su opinión en todos los asuntos que le afecten y que ésta se tenga debidamente en cuenta en función de su edad y madurez. Decidir la suspensión de la convivencia sin escucharle, o sin valorar su opinión con apoyo especializado, priva a la decisión de un elemento esencial.

Escuchar no significa delegar en la persona menor de edad la decisión, ni tomar su rechazo como dato concluyente, sobre todo cuando puede estar influido por el conflicto adulto. Significa incorporar su voz, explicar cómo se valoró y contrastarla con la evidencia de supervisión y terapia.

No se sostiene que la convivencia deba decretarse siempre. Cuando existen indicios serios de violencia familiar, abuso sexual, consumo problemático de sustancias o riesgo grave para la integridad de la niña o el niño, la autoridad puede restringir o suspender la convivencia, incluso la supervisada, mediante medidas de protección urgentes.

Aun en estos casos, la restricción debe ser temporal, revisable, motivada con base en pruebas y acompañada de mecanismos que permitan, si las condiciones cambian, restablecer gradualmente el contacto. La excepción confirma la regla: es precisamente porque la convivencia es un derecho que su restricción debe justificarse con rigor.

Hechos hipotéticos: en un juicio de guarda y custodia se ordena terapia psicológica para ambos progenitores y para un niño de seis años. La resolución dispone que la convivencia supervisada con el padre se decretará cuando la institución pública informe que concluyó la terapia. La institución asigna la primera cita cinco meses después. Transcurre un año sin convivencia.

Análisis: no existe prueba de riesgo para el niño; el único motivo de la restricción es la falta del informe. La medida no prevé plazo ni revisión, no escuchó al niño y no ponderó el daño de la separación. Conforme a los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 constitucionales, 9.3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 8.1, 17 y 19 de la Convención Americana, y a los estándares de Fornerón e Atala Riffo, la resolución carece de motivación reforzada y omite el control de convencionalidad.

Remedio: revocar la condición, ordenar convivencia supervisada inmediata en un centro especializado con frecuencia definida, mantener la terapia de forma simultánea, fijar revisiones periódicas con base en ambos informes y escuchar al niño con apoyo especializado.

Hechos hipotéticos: existe una denuncia por violencia familiar con dictamen pericial que acredita lesiones recientes a la niña. La autoridad suspende provisionalmente la convivencia y ordena terapia y evaluación de riesgo, con revisión en sesenta días.

Análisis: la restricción se basa en una prueba concreta, persigue la protección de la integridad, es temporal y revisable. Aquí la supeditación parcial sí está justificada. El contraste con el caso anterior muestra que la crítica no se dirige a la terapia ni a la protección, sino a la restricción sin motivo, sin plazo y sin ponderación.

Premisa normativa: la niña o el niño tiene derecho a convivir con ambos progenitores (CDN 9.3; LGDNNA 23); la restricción sólo procede si es contraria a su interés superior y se motiva de forma reforzada (CPEUM 4º, 14 y 16).

Premisa fáctica: la resolución restringe la convivencia supervisada condicionándola a la conclusión de terapias, sin acreditar riesgo concreto, sin plazo y sin ponderar el daño de la separación.

Conclusión: la restricción carece de justificación convencional y constitucional; procede ordenar convivencia supervisada y terapia de forma concurrente, con revisión periódica. Objeción previsible: la terapia es necesaria para proteger al niño. Respuesta: la supervisión cumple esa función protectora mientras la terapia avanza; sólo un riesgo que la supervisión no pueda controlar justifica la suspensión.

1. Ordenar terapia y convivencia supervisada en la misma resolución. 2. Fijar frecuencia, lugar y duración concretos de la convivencia. 3. Establecer plazos de revisión breves y definidos. 4. Exigir informes periódicos tanto del centro de convivencia como del área terapéutica. 5. Escuchar a la niña o al niño con apoyo especializado. 6. Motivar expresamente cualquier restricción con base en un riesgo acreditado. 7. Prever la progresión gradual hacia convivencias libres. 8. Asegurar opciones públicas o de bajo costo para que la carga económica no impida el derecho.

La terapia y la convivencia persiguen el mismo fin: el bienestar de la niña o el niño y la preservación de su vínculo familiar. Convertir una en condición de la otra produce el resultado opuesto: el niño espera, el vínculo se erosiona y el proceso de sanación pierde su objeto.

Una justicia familiar convencional no elige entre proteger y vincular; protege mientras vincula. La convivencia supervisada concurrente con la terapia es la forma en que el interés superior de la niñez deja de ser una fórmula y se convierte en una decisión fundada, motivada y oportuna.