La Constitución como norma y como sistema

Durante buena parte del siglo XX la Constitución se leyó en México como un texto político que el legislador debía desarrollar; muchos derechos se consideraban promesas sin aplicación directa. Esa lectura se ha superado: hoy se entiende que la Constitución vincula directamente a legisladores, administraciones y jueces, y que sus mandatos pueden hacerse valer ante los tribunales.

Afirmar que la Constitución es norma significa que tiene consecuencias jurídicas verificables: invalida leyes contrarias, obliga a interpretar el resto del orden jurídico de manera compatible y permite exigir la protección de derechos sin esperar a que una ley secundaria lo autorice.

El artículo 133 establece que la Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y los tratados celebrados conforme a ella son la Ley Suprema de toda la Unión, y que los jueces de cada entidad se arreglarán a ellos a pesar de disposiciones en contrario de las constituciones o leyes locales.

La supremacía tiene dos caras. Formal: ninguna norma puede contradecir a la Constitución sin ser inválida. Material: el contenido de la Constitución —especialmente los derechos— orienta la creación, interpretación y aplicación de todas las demás normas. Para el estudiante, el punto central es que la validez de una norma inferior no se agota en haber sido aprobada; depende de su compatibilidad con el parámetro constitucional.

La Constitución sólo puede reformarse mediante el procedimiento agravado del artículo 135: voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión y aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados (y de la Ciudad de México). Esa rigidez distingue la norma suprema de la ley ordinaria.

Supremacía y rigidez no son lo mismo: la primera indica la posición jerárquica de la norma; la segunda, la dificultad para modificarla. La rigidez protege la supremacía, porque impide que una mayoría simple cambie las reglas del juego. Una pregunta docente útil: ¿qué ocurre con la legitimidad democrática cuando una Constitución se reforma con mucha frecuencia?

La Constitución contiene reglas —mandatos que se cumplen o no, como un plazo o un requisito de edad— y principios —mandatos de optimización, como la igualdad, la dignidad o el debido proceso— que se realizan en la mayor medida posible según las posibilidades jurídicas y fácticas.

La distinción tiene efectos prácticos. Un conflicto entre reglas se resuelve por validez o excepción; una tensión entre principios se resuelve por ponderación en el caso concreto, sin que uno de ellos pierda validez. Confundir ambos planos lleva a aplicar mecánicamente un principio o a ponderar donde la Constitución ya decidió con una regla.

La reforma publicada el 10 de junio de 2011 transformó la lectura de la Constitución. El artículo 1º reconoce los derechos humanos de la Constitución y de los tratados internacionales de los que México es parte, ordena interpretar las normas de derechos humanos conforme a ambos favoreciendo la protección más amplia (principio pro persona) y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Desde entonces no basta preguntar si una ley respeta un artículo concreto; debe preguntarse si respeta el conjunto de derechos de fuente constitucional y convencional, leídos de la forma que más proteja a la persona.

La Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, sostuvo que los derechos humanos de la Constitución y de los tratados integran un mismo parámetro de control de regularidad, sin relación jerárquica entre ellos, y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los jueces mexicanos cuando resulta más favorable. También afirmó que, cuando la Constitución establece una restricción expresa, debe estarse a lo que ella dispone.

Esa última salvedad ha sido objeto de amplio debate doctrinal, porque tensiona el principio pro persona. Para el aula es un excelente caso de estudio: muestra que el sistema no es armónico por definición, sino que exige argumentar cómo se resuelven sus tensiones internas.

En el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (Serie C No. 209, 2009), la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y señaló que los jueces deben ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus competencias.

La Suprema Corte asumió esas obligaciones en el expediente Varios 912/2010, con lo que se abrió paso al control difuso: todo juez debe preferir la norma más protectora e inaplicar, en el caso concreto, la que resulte contraria a los derechos humanos, después de intentar una interpretación conforme. Los efectos generales de invalidez siguen reservados a los medios de control concentrado.

Antes de declarar que una norma es inconstitucional, el intérprete debe buscar una lectura compatible con la Constitución y los tratados. El método se aplica en tres pasos: interpretación conforme en sentido amplio (leer todo el orden jurídico a la luz de los derechos), interpretación conforme en sentido estricto (elegir, entre varias lecturas posibles, la compatible) y, sólo si ninguna lo es, inaplicación o invalidez.

Este orden protege a la vez los derechos y la deferencia debida al legislador democrático. Ejemplo hipotético: si una norma procesal admite leerse como plazo perentorio o como plazo que se computa desde que la persona tuvo conocimiento real del acto, debe preferirse la lectura que garantice el acceso a la justicia del artículo 17.

Los artículos 40, 41 y 49 organizan una república representativa, democrática, laica y federal, y prohíben reunir dos o más poderes en una sola persona o corporación. Los artículos 73, 115, 116, 122 y 124 distribuyen competencias entre Federación, entidades, Ciudad de México y municipios; lo no concedido expresamente a la Federación se entiende reservado a los Estados.

En el análisis de un acto, la primera pregunta constitucional es siempre de competencia: ¿la autoridad que actuó tenía facultad expresa para hacerlo? Un acto puede tener una finalidad legítima y, aun así, ser inválido por provenir de una autoridad incompetente (artículo 16).

Los derechos no son absolutos, pero sus límites deben justificarse. La técnica más usada es el test de proporcionalidad: (1) finalidad constitucionalmente legítima; (2) idoneidad de la medida para alcanzarla; (3) necesidad, porque no exista una alternativa igualmente eficaz y menos lesiva; y (4) proporcionalidad en sentido estricto, porque el beneficio obtenido compense el grado de afectación.

El test no es una fórmula matemática que elimine la discrecionalidad, sino una estructura que obliga a hacer explícitas las razones y las hace controvertibles. Su valor didáctico está en que convierte una intuición ("esto es excesivo") en un argumento verificable.

El sistema cuenta con medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Entre los primeros: el juicio de amparo (artículos 103 y 107), las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad (artículo 105), los medios de impugnación en materia electoral (artículo 99) y el control difuso que ejerce todo juez. Entre los segundos, el sistema de organismos de protección de derechos humanos del artículo 102, apartado B.

Cada medio responde a preguntas distintas: quién puede promover, contra qué actos, en qué plazo y con qué efectos (relativos o generales). Elegir la vía es parte del argumento constitucional; una buena razón planteada en la vía equivocada no produce protección.

La reforma judicial de 2021 fortaleció el sistema de precedentes: las razones que justifican las decisiones de la Suprema Corte, aprobadas por la mayoría que señala la ley, obligan a los demás órganos jurisdiccionales (artículo 94). Las reformas posteriores al Poder Judicial de la Federación exigen verificar en cada caso la integración vigente de los órganos y las reglas de obligatoriedad aplicables.

Estudiar la Constitución sin sus precedentes es estudiar sólo la mitad del sistema; estudiar los precedentes sin la Constitución es perder el criterio para valorarlos. El método docente propuesto es leer cada artículo con sus principales decisiones y preguntar qué problema resolvieron.

Caso 1 (supremacía y competencia): un ayuntamiento hipotético emite un reglamento que establece un delito con pena de prisión. Ejercicio: identificar la violación de legalidad penal (artículo 14) y de competencia (artículo 73, fracción XXI, y artículo 115), y la vía para impugnarlo.

Caso 2 (interpretación conforme): una ley local exige presentar una demanda familiar únicamente en forma escrita y presencial. Ejercicio: proponer una lectura compatible con el artículo 17 y con los ajustes razonables para personas con discapacidad, antes de sostener su inaplicación.

Caso 3 (proporcionalidad): una norma hipotética prohíbe toda manifestación en un perímetro amplio alrededor de edificios públicos. Ejercicio: aplicar los cuatro pasos del test frente a la libertad de reunión y expresión (artículos 6º y 9º y artículos 13 y 15 de la Convención Americana).

Se propone una ficha de seis preguntas: (1) ¿Quién actúa y con qué competencia expresa? (2) ¿Qué derecho o principio resulta afectado, según la Constitución y los tratados? (3) ¿Admite la norma una interpretación conforme? (4) ¿La restricción supera el test de proporcionalidad? (5) ¿Qué precedentes obligatorios son aplicables y qué razones contienen? (6) ¿Qué medio de control procede y qué efectos puede producir?

Cada respuesta debe apoyarse en una fuente identificable. La conclusión constitucional válida es la que puede reconstruirse paso a paso desde premisas normativas y fácticas explícitas.

Comprender la Constitución como norma y como sistema transforma la manera de estudiar y de ejercer el derecho: obliga a relacionar texto, historia, principios, instituciones y precedentes, y a justificar cada paso. La supremacía sin control es retórica; el control sin método es arbitrio. El reto de la docencia jurídica es formar profesionales capaces de unir ambos con argumentos públicos, fundados y verificables.